El pasado 13 de abril de 2021, el Senado mexicano aprobó la minuta que crea el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, en el que todos los dueños de celulares estarán obligados a darse de alta y registrar sus datos biométricos, es decir, proporcionar al estado sus huellas dactilares, reconocimiento facial y del iris, o de lo contrario, sus líneas telefónicas celulares les serán canceladas, además de ser acreedores a una multa.

Pese a las más de 30 reservas presentadas por la oposición, la minuta se aprobó sin cambios y fue turnada al Ejecutivo federal para su promulgación.

La oposición al partido en el poder, las fuerzas del PAN, PRI, PRD y MC anunciaron que presentarán una acción de inconstitucionalidad contra esa reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, ya que violenta las garantías fundamentales de los mexicanos, además de poner en riesgo su seguridad.

La senadora de Morena (partido en el poder) Jesusa Rodríguez, votó en contra de esa minuta que, según se dice, es una réplica del Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Renaut), que se puso en marcha durante el gobierno de Felipe Calderón y debió clausurarse dos años después, porque tuvo efectos contraproducentes.

Esta reforma, según quienes la aprobaron, busca reducir los delitos de extorsión y secuestro que dejan ganancias a la delincuencia organizada por 12 mil millones de pesos anuales. Asimismo, se arguye que actualmente en México hay 122 millones de líneas de telefonía móvil y 85% es de prepago, lo que propicia el accionar del crimen organizado.

Los opositores al régimen “obradorista”, afirman que la propuesta de crear el Padrón de Usuarios de Telefonía Móvil es autoritaria e innecesaria, ya que, en lugar de reducir los delitos de extorsión pueden incrementar e incentivar otros ilícitos, como el robo de identidad, de teléfonos móviles y la clonación de tarjetas SIM.

“La nueva propuesta violenta la presunción de inocencia y deja en total indefensión a los ciudadanos, ya que las autoridades presumen culpable de cualquier delito cometido con la línea registrada a su nombre”, afirma la senadora priísta Claudia Ruíz Massieu.

Por su parte, el coordinador de la extinta bancada del PRD, Miguel Ángel Mancera, advirtió que el padrón es un “coctel de violaciones a la Constitución”, una suma de afectaciones a diversas garantías, por lo que habrá acciones de inconstitucionalidad, y juicios de amparo de muchos usuarios, porque hay retroactividad de la ley, “¿cómo te van a obligar retroactivamente a que te registres?, o en 30 días te van a cancelar la línea”, recalcó.

Los panistas Damián Zepeda y Julen Rementería hicieron notar que el propio Institutito Federal de Telecomunicaciones (IFT) no está de acuerdo con la facultad de manejar ese registro y que ni siquiera se le han asignado los recursos para esa nueva tarea, que tan sólo en el primer año requiere 120 millones de pesos.

Por su parte, participantes de la industria y defensores de derechos de usuarios advirtieron que la creación de un Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil –aprobado este martes en el Senado– implica una “masiva violación a los derechos de datos personales”. También, consideraron, dará materia prima para que los delitos se incrementen, abonará a la simulación en la persecución de ilícitos, facilitará la fabricación de chivos expiatorios e implica un gasto multimillonario para un sistema que el Instituto Federal de Telecomunicaciones no tiene capacidad operativa, presupuestaria ni constitucional para gestionar.

1Cada día de 2021 se han registrado en promedio 20 denuncias por extorsión en México; nueve de cada 10 se realizan vía telefónica, de acuerdo con las encuestas de victimización del Instituto Nacional de Estadística y Geografía y datos del secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Si bien hay una tendencia a la baja respecto a los 24 reportes diarios que se registraron en 2019, la persistencia de este ilícito es el argumento central para revivir el fallido Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Renaut).

El Renaut fue promovido en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) y su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, quien ahora enfrenta un juicio en Estados Unidos.

Expertos afirman que actualmente no hay un vacío legal para que policías y fiscalías investiguen. Es falso que el Estado no tenga facultades o herramientas para combatir delitos como la extorsión; las tiene, pero no las ejerce por incompetencia o por cobardía. Se sabe que la inmensa mayoría de extorsión salen de los penales, pero no van por los teléfonos en los penales, no cancelan la señal de telefonía en los penales.

En México tienden a filtrarse las bases de datos por problemas estructurales muy profundos de corrupción, de colusión de autoridades y funcionarios de empresas con la delincuencia; una ley de Protección de Datos Personales e INAI, que no cuentan con las herramientas para proteger los datos y no generan los incentivos directos para que haya consecuencias por esa situación. Es frecuente la vulneración porque es más costoso poner en marcha medidas de seguridad altas, que pagar las multas que, además, es improbable que te las impongan como empresa.

Si eres mexicano y no te es suficiente evidencia el establecimiento legal del primer mecanismo de control coercitivo por parte del régimen actual, échale un vistazo al siguiente video en donde el actual Senador Ricardo Monreal, muy cercano al presidente López Obrador, habla sobre el establecimiento del Nuevo Orden Mundial en México y las medidas que propone para lograrlo.