Un proyecto de ley presentado este diciembre de 2020 en Francia, propone que las personas que no se vacunen contra el COVID-19 no puedan utilizar el transporte público. La iniciativa, presentada por el gobierno, provocó ruidosas protestas de la oposición.

El primer ministro, Jean Castex, obtuvo el lunes el respaldo de su gabinete para introducir un el proyecto, diseñado para proporcionar un marco legal para hacer frente a la crisis sanitaria.

Según el texto, que será presentado en el parlamento, se podría requerir una prueba de COVID negativo o de un “tratamiento preventivo, incluida la administración de una vacuna” para que las personas tengan “acceso al transporte o a algunos lugares, así como determinadas actividades”.

La campaña de vacunación del gobierno comenzó el domingo 27 de diciembre -al igual que en el resto de la Unión Europea– y los funcionarios ya enfrentan una resistencia generalizada contra el tratamiento desarrollado en tiempo récord desde que la enfermedad llegó a Europa a principios de este año.

Una encuesta reciente publicada en el periódico Journal du Dimanche encontró que el 59% de los encuestados dijeron que no recibirían una inyección de alguna vacuna contra el COVID, lo que posiciona a Francia como uno de los países más reticentes a inocularse de toda la Unión Europea.

El presidente Emmanuel Macron ha prometido que las vacunas contra el coronavirus no serán obligatorias, aunque si se recomendará enfáticamente su aplicación. La promesa fue reiterada por el ministro de Salud, Olivier Veran.

“Lo digo una vez más, la vacunación no es obligatoria”, dijo Veran, aunque también pareció dejar la puerta abierta a modificaciones del proyecto de ley a medida que “madure” durante los debates parlamentarios.

Sin embargo, los políticos de la oposición condenaron el proyecto de ley y, Marine Le Pen, líder del partido de extrema derecha RN, lo calificó como una medida “esencialmente totalitaria”.

“De manera indirecta, este proyecto de ley no tiene como objetivo hacer que las vacunas sean obligatorias, pero evitará que quien no cumpla tenga una vida social”, dijo.

“Suspender nuestras libertades”

El vocero del partido RN, Sebastien Chenu, dijo que el gobierno de Macron estaba planeando “una dictadura de la salud”.

Guillaume Peltier, líder adjunto del partido de centro-derecha LR, dijo que era “inconcebible” que se le permitiera al gobierno “obtener todo el poder para suspender nuestras libertades sin control parlamentario”.

La senadora centrista Nathalie Goulet, por su parte, dijo que el borrador era “un ataque a las libertades públicas”, mientras que el diputado de extrema izquierda Alexis Corbiere dijo que “al menos podríamos tener una discusión colectiva si la idea es limitar nuestras libertades públicas”.

Laureline Fontaine, profesora de derecho en la Universidad Sorbonne Nouvelle de París, dijo a la AFP que el proyecto de ley reduciría efectivamente los poderes del parlamento, “porque todas estas medidas excepcionales podrían implementarse por decreto”.

“Potencialmente otorga poderes casi ilimitados a las autoridades ejecutivas”, dijo.

La ministra del sector público, Amelie de Montchalin, trató de apaciguar las quejas de la oposición, diciendo que el proyecto de ley “no se hizo en absoluto para crear poderes excepcionales para el gobierno” o “crear un estado sanitario”.

Además, agregó que habrá un debate sobre el proyecto de ley durante el cual “se aclarará todo lo que necesite aclaración”. La Unión Europea dio luz verde a una vacuna contra el coronavirus de Pfizer-BioNTech el lunes, allanando el camino para que comiencen las primeras vacunaciones en 27 países del bloque justo después de Navidad.